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Báñez anuncia que impulsará la FP Dual a través de la mejora de la regulación del contrato de aprendizaje

La ministra de Empleo propondrá ampliar la formación asociada a dichos contratos, a las necesidades detectadas por la negociación colectiva

Noticia del sector

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, compareció la semana pasada en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, donde informó de la evolución del mercado de trabajo y las medidas que adoptará el Gobierno para afrontar los retos del futuro.

Báñez explicó en su intervención que sigue trabajando en nuevas propuestas con un nuevo impulso a la Formación Profesional Dual. Asimismo, anunció que en los próximos días propondrá a los interlocutores sociales nuevas medidas para facilitar la inserción laboral de los más jóvenes, a través de la mejora de la regulación del contrato para la formación y el aprendizaje.

Una mejora se centrará en ampliar la formación asociada a dichos contratos, a las necesidades que se puedan detectar en los distintos sectores y empresas, a través del proceso de negociación colectiva.

Penalización de la temporalidad injustificada 

En otro orden de asuntos, la ministra informó de que propondrá a los interlocutores sociales en la Mesa de Calidad en el Empleo endurecer la penalización a las empresas que realicen contratos temporales sin causa. En concreto, se va a proponer que se impongan tantas sanciones como contratos temporales sin causa haya celebrado una empresa, corrigiendo así el sistema actual centrado en la infracción, que no contempla íntegramente el número de trabajadores afectados.

Durante su intervención, explicó que esta medida, junto a las demás acordadas por el Gobierno y los agentes sociales, deben formar un “paquete potente que permita mandar un mensaje claro e inequívoco”: las políticas laborales y de empleo deben orientarse claramente hacia la contratación indefinida y estable y hacia una contratación temporal que se ajuste a las causas que determine la ley.

La ministra recordó que el “abuso de la temporalidad” supone un atentado “a uno de los derechos más básicos de los trabajadores: la estabilidad en el empleo”, y además ese fraude constituye un acto de competencia desleal, “que perjudica a la gran mayoría de empresas de este país que sí cumplen con la ley”.

Asimismo, señaló que “más estabilidad, más seguridad y salud; más bienestar en el trabajo y mejores condiciones salariales revierten en una mayor productividad con la que competir en el mercado global” y afrontar los retos presentes y futuros.

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