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La Defensora del Pueblo pide al Ministerio de Empleo que invierta en formación la totalidad de lo recaudado para ese fin

Soledad Becerril apoya los argumentos de los agentes sociales en su diálogo con Fátima Báñez

Noticia Cataluña

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se ha posicionado a favor de los agentes sociales sobre el destino que se le debe dar a los fondos procedentes de la cuota de la formación profesional. En este sentido, ha hecho recientemente dos recomendaciones al Servicio Público de Empleo Estatal.

En la primera de ellas, solicita al Gobierno que gaste en formación todo el dinero que se recaude para ese fin, apoyando a la patronal y los sindicatos, que siempre han defendido el carácter finalista de estos fondos. La segunda sugerencia va dirigida a pedir que se articulen "las medidas necesarias para la incorporación de los remanentes de crédito provenientes de la cuota de formación profesional a los Presupuestos", de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional octava de la Ley de 9 de septiembre de 2015, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

Las discrepancias entre los agentes sociales y el Gobierno sobre este asunto viene de lejos ya que, a finales del pasado año, la Defensora del Pueblo preguntó al Ministerio de Empleo que aclarara qué destino habían tenido los fondos procedentes de la cuota de formación profesional, a petición de la patronal catalana Cecot. El departamento que dirige Fátima Báñez reconoció que parte de lo recaudado no se había invertido en formación para los trabajadores y lo justificaba argumentando que la ley presupuestaria le permitía hacerlo hasta el año 2015, cuando se aprobó la ley que regula el actual sistema de formación para el empleo.

Una cuota con carácter finalista

Los agentes sociales no comparten estos argumentos, ya que siempre han defendido, basándose en sentencias de Tribunal Constitucional y en informes del Tribunal de Cuentas, que los fondos de formación profesional tienen que usarse para ese fin y no de forma discrecional por el Gobierno. Ahora Becerril les da la razón y recuerda que el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 7 de julio de 1989 ya declaraba que "la formación profesional no forma parte del sistema de Seguridad Social, ni las cuotas abonadas en tal concepto son recursos de la Seguridad Social integrados en su caja única".

Además, también menciona que el Tribunal de Cuentas, en varios informes "ha sostenido un criterio contrario al mantenido por el Servicio Público de Empleo Estatal, y ha reconocido el carácter finalista de la cuota de formación profesional". La Defensora del Pueblo concluye que "los recursos procedentes de esta cuota sean aplicados, en su totalidad, a la financiación de las distintas iniciativas de formación". Recuerda también que con la aprobación de la ley de 9 de septiembre de 2015 por la que se rige el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, "esta materia queda regulada con el rango normativo necesario", por lo que es de obligado cumplimiento.

Por tanto, la Defensora del Pueblo entiende que la incorporación de los remanentes de crédito procedentes de la cuota de formación profesional a los Presupuestos se trata, tal y como establece la ley," de una obligación para la Administración", y niega que tenga carácter potestativo, como defiende el Ministerio de Empleo. En esta línea, CCOO denunció recientemente que de los 250 millones presupuestados en 2016 para la formación de trabajadores, un 26%, es decir, cerca de 64 millones de euros, no se había gastado. 

 

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