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El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que entrará en vigor el segundo semestre de 2022

La nueva norma incorpora medidas para reforzar los parques públicos de vivienda y favorecer el acceso a un hogar a través de instrumentos efectivos que incrementen la oferta a precios asequibles

Noticia del sector

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), junto al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, presentaron este pasado martes, 26 de octubre, el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda al Consejo de Ministros para su toma en consideración en primera lectura. El texto, que será tramitado por la vía de urgencia y que el Gobierno pretende enviar al Congreso de los Diputados “antes de fin de año”, no se espera que esté aprobado antes del segundo semestre de 2022. 

La titular del Mitma, Raquel Sánchez, declaró que el anteproyecto de Ley "pretende configurar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar" y como una "potente herramienta para luchar contra la desigualdad, la marginalidad y la exclusión".

La futura ley, según expuso la ministra, busca aumentar el parque de vivienda pública, que sólo ofrece cobertura al 1,6 % de los hogares frente al 10 % que brindan otros países de nuestro entorno, así como combatir las subidas abusivas de los precios. "Asumimos el camino inverso a la liberalización y a las burbujas inmobiliarias y nos conectamos con la realidad de miles y miles de familias que ni siquiera podían hacer frente a los suministros básicos", declaró. 

Novedades de la futura ley de vivienda

La norma impide la venta del parque público de vivienda social a fondos de inversión, ya que queda sujeto a una permanente protección y no podrá ser enajenado; establece la calificación indefinida de piso protegido, e introduce el concepto de vivienda asequible incentivada, que es aquella de titularidad privada a la que se otorgan determinados beneficios fiscales o de otra índole, con la condición de que sea destinada a alquiler a precio reducido.

Raquel Sánchez también remarcó que se incentiva la movilización de pisos vacíos, al introducir la posibilidad de que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a las viviendas que hayan permanecido sin habitar durante más de dos años si el propietario tiene cuatro o más inmuebles en el mismo municipio.

La nueva ley busca impulsar la vivienda protegida en alquiler a precio limitado, reservando un 30 % en suelo urbanizado y fijando las compensaciones que correspondan a los titulares cuando se vean afectados derechos adquiridos. Además, se contempla la posibilidad de que el 50 % de dicha reserva se destine a alquiler. 

En cuanto al marco fiscal, la ministra resaltó que se mejora la regulación del IRPF para estimular el arrendamiento de vivienda habitual a precios asequibles. En los nuevos contratos se fija un porcentaje de reducción del 50 %, que podrá incrementarse en función de criterios como la bajada de la renta en una zona tensionada o el alquiler por primera vez de viviendas en esas áreas a jóvenes de 18 a 35 años.

Raquel Sánchez añadió que la ley refuerza la colaboración entre las administraciones públicas en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y fomenta la colaboración público-privada con los agentes del sector.

Anteproyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura

Además, durante la rueda de prensa, el Gobierno analizó el anteproyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura, que tiene como objetivo situar esta actividad como un bien de interés general que hay que preservar y promocionar, y es una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La norma contribuirá a consolidar un nuevo modelo de transición económica, energética, ecológica y de evolución social impulsado por los Fondos Next Generation.

 

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